El ayuntamiento puede invertir este año algo más de medio millón de euros. Lo razonable, es decir, lo que debería hacer un buen gestor público, sería emplear ese dinero para cubrir las necesidades más importantes que tienen nuestros vecinos. AISU siempre ha creído que debería solucionarse, en primer lugar, el exceso de flúor que existe en gran parte del municipio y, una vez solucionado este problema, pueden acometerse otras obras con el dinero restante, atendiendo siempre a los asuntos más prioritarios que afectan a las personas.
Mientras acusan a la oposición de bloquear proyectos importantes para Santa Úrsula, el grupo de gobierno ha tenido más de dos años para consensuar un Plan de inversiones para el municipio. Nuestro grupo ha reiterado en varias ocasiones nuestra predisposición para alcanzar un acuerdo en un aspecto tan importante como éste. Sin embargo, Milagros Pérez se niega, aunque ello suponga el estancamiento de nuestro pueblo.
Ante la pasividad e indiferencia mostrada por Milagros Pérez frente a un problema tan importante de salud pública como es el del flúor, nuestro grupo presentó una moción en el
Pleno de julio para que se solicitase un estudio al Consejo Insular de Aguas que ofreciera una solución viable y duradera para el conjunto del municipio, que nos permita saber qué proyectos hay que desarrollar para solucionar esta situación.
No nos pueden pedir que aprobemos un proyecto que carece de planificación, que no da solución al problema del flúor y que además, más que solucionar un problema a algunos vecinos de las Calles Pino Alto, La Calzada y las Turcas, supondrá desde su inicio una obra que quedará incompleta con los problemas que eso ocasionaría a todos los vecinos de la zona y el derroche de los fondos públicos que genera. Un proyecto de urbanización de calles debe ser global, aunque tenga que realizarse por fases, pero ésto parece ignorarlo Milagros Pérez y Víctor Hernández.
Es fundamental alcanzar un acuerdo para que los fondos municipales se destinen a inversiones para el municipio, que permitan activar la economía y la generación de empleo, pero haciendo siempre un uso responsable del dinero público.